La cebolla a 2 pesos: por qué arreglar el campo mexicano empieza por quitar al coyote

La aritmética que casi nadie cuenta

En algún punto de Puebla, ahora mismo, un productor de cebolla está aceptando 2 pesos por kilo. El mismo kilo se está vendiendo en supermercado a 28 pesos. La diferencia es 1,300%. El productor recupera, con suerte, los costos de inversión. La cadena de intermediarios, transportistas, centrales de abasto y cadenas comerciales se queda con todo lo demás.

Esta es la conversación que México no está teniendo sobre su campo. La que sí está teniendo, en cambio, gira alrededor de sequías, suelos degradados, pesticidas, sustentabilidad. Todos son problemas reales. Pero hay un orden de magnitudes que rara vez se nombra: ningún programa agroecológico, ninguna transición orgánica, ninguna política de soberanía alimentaria puede sostenerse mientras la economía debajo siga estructurada para que el primer eslabón de la cadena no recupere lo que invierte.

El ultimátum de hoy

Hoy mismo, 11 de mayo de 2026, vence el plazo que los productores de frijol de Zacatecas le pusieron al gobierno federal. Si para hoy no se acopian las 1,500 toneladas pactadas al precio de garantía de 27 pesos por kilo, los líderes campesinos amenazan con bloquear el aeropuerto internacional, las vías del tren y carreteras del estado. La frase con la que cerraron la última reunión fue, textualmente, "va a arder Zacatecas".

Zacatecas es el principal productor nacional de frijol, con cerca de 400 mil toneladas anuales. La acusación específica de los manifestantes no es sólo contra la sequía o los costos: es que el funcionario federal responsable del programa de acopio favoreció a los coyotes y dejó fuera al 30% de los productores estatales. Esta protesta sigue al paro nacional de abril de 2026, en el que transportistas y agroproductores bloquearon vías en al menos 13 estados: Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Veracruz. La pancarta repetida en cada caseta decía lo mismo: sin maíz no hay país.

Lo que sí está pasando con la tierra

Antes de hablar del precio hay que hablar del suelo, porque los dos problemas se alimentan entre sí.

Según el Informe del Medio Ambiente de SEMARNAT, la disminución de la fertilidad afecta al 92.7% de la superficie nacional con degradación química del suelo; más de la mitad de los suelos de Yucatán y casi un tercio de los de Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz tienen este problema. La degradación física, principalmente por compactación, alcanza el 68.2% de la superficie con ese tipo de daño. Una capa de un centímetro de suelo tarda aproximadamente cien años en formarse.

Encima de eso, en 2025 el sector agropecuario nacional registró una producción en declive de 294 millones de toneladas en 2022 a 281.5 millones en 2024, con dependencia creciente de importaciones que llegó al récord de 25.8 millones de toneladas de maíz en 2025. Los costos de fertilizantes DAP se incrementaron 263% entre 2020 y 2021, y solo el 5% de las unidades productivas accede a asistencia técnica regular. El problema no es que los agrónomos no existan: existen, están formados, hay programas de extensionismo. El problema es que no llegan a 95% del campo mexicano.

La trampa del coyote

Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda. Porque la respuesta progresista estándar (más programas, más subsidios, más extensionismo) y la respuesta liberal estándar (más mercado, menos intervención) coinciden en una cosa: ambas dejan intacta la estructura de la cadena.

La estructura, en una frase: un producto como el jitomate o el aguacate pasa por entre cuatro y hasta 10 intermediarios, dependiendo del destino y si va a exportarse. Datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas revelan que hay productos agrícolas que del campo a la mesa del consumidor se encarecen casi 500 por ciento, mientras al productor de frijol el coyote le paga entre 8 y 12 pesos por kilo y al consumidor llega a 40.

El nombre coloquial, coyote, suena pintoresco. La práctica no lo es. El coyote llega al ejido en abril, cuando ya se acabó el dinero de la siembra anterior, y le ofrece al productor un préstamo de mil o dos mil pesos a un interés mensual de 5% a 10%, con la condición de entregarle la cosecha a un precio fijo. Ese precio fijo suele estar por debajo del costo real de producción, lo que obliga al productor a usar "fuerza laboral gratuita" (la de la familia) para que el ciclo cierre. El coyote después coloca el grano dos pesos más caro en la distribuidora regional. No asume riesgo de producción, no asume riesgo climático, no asume riesgo de plagas. Sólo cobra la diferencia.

Este patrón se reproduce en café, frijol, maíz, miel, mango, plátano, jitomate, cebolla. En 2022 México exportó productos agroalimentarios por casi 50 mil millones de dólares (el décimo país más exportador del mundo, tercer mayor generador de divisas después de la industria automotriz y las remesas) mientras la pobreza en regiones como el Soconusco, donde se produce un tercio de los alimentos del país, sigue siendo palpable. Las ganancias del comercio agroalimentario existen. Simplemente no aterrizan en la parcela.

Lo que la gente que trabaja la tierra sí sabe

Hay una conversación paralela que vale la pena tomar en serio antes de seguir, porque omitirla es tratar al campesino como ignorante.

Desde la ciudad es fácil decir "menos pesticidas, más agroecología". Desde la parcela, la cosa se ve distinta. La presión real de plagas y vectores se ha intensificado con el cambio climático: humedales más calientes, temporadas de lluvia más caóticas, mosquitos y otros insectos vectores cubriendo zonas y meses donde antes no estaban. Una cosecha de tomate o de chile perdida por plaga no es un dato estadístico para el productor: es la diferencia entre cerrar el ciclo y endeudarse con el coyote para sobrevivir. El uso indiscriminado de plaguicidas, primero por necesidad y ahora por desconocimiento, ha mermado la actividad agrícola del país; la desconfianza y la falta de información han impedido adoptar estrategias amigables con el medio. Esa es la lectura académica. La lectura de quien lleva décadas en la tierra es más simple: prueben ustedes a no rociar cuando llevan dos semanas viendo a la plaga avanzar.

Esto importa porque el debate "sustentable vs. químico" en México suele estar mal planteado. No es un problema de conciencia ecológica. Es un problema de quién absorbe el costo del fracaso. Un agricultor europeo en una cooperativa danesa puede experimentar con manejo integrado de plagas porque tiene seguro de cosecha, cooperativa que aguanta la pérdida y precio de venta directa que le deja margen. Un productor de Veracruz que pierde su tomatera al gusano no tiene ninguna de las tres. La transición agroecológica es viable. Pero no es viable sin antes arreglar quién paga el costo de equivocarse.

Cómo lo resolvieron en otros lados

La parte alentadora es que esto no es un problema sin solución conocida. Es un problema cuya solución otros países llevan décadas implementando.

Cooperativas estilo Dinamarca y Corea del Sur. Las cooperativas agrícolas en Dinamarca y Corea del Sur permiten a los pequeños productores incrementar su poder de negociación en el mercado, reducir costos de transacción mediante compras colectivas de insumos, y han mostrado capacidad excepcional en cooperación crediticia, vital para integración de cadenas y soporte financiero, incluido el seguro agrícola. La cooperativa hace lo que el productor individual no puede: negociar volumen, financiarse a tasa razonable, aguantar un mal ciclo sin colapsar.

Cadenas cortas (Short Food Supply Chains). El modelo europeo de cadenas cortas (mercados de proximidad, venta directa en parcela, Community Supported Agriculture, plataformas digitales productor-consumidor) tiene respaldo regulatorio desde 2013 en la Política Agrícola Común de la UE. Vender directamente o a través de cadenas cortas permite a los agricultores retener una proporción mayor del precio final, lo cual es una fuente significativa de ingreso que habilita inversión en la extensión o modernización de la explotación. No elimina al intermediario por decreto: lo deja sin función económica.

Huertos urbanos y agricultura periurbana. Ciudades como Singapur, Tokio y Seúl integran agricultura controlada (hidroponía, granjas verticales) en sus áreas metropolitanas, no como hobby sino como infraestructura alimentaria. Restaurantes urbanos en Singapur y Tokio integran granjas hidropónicas y agricultura de ambiente controlado, mezclando abastecimiento hiperlocal con redes globales para mantener calidad de menú todo el año. CDMX tiene los espacios; le falta el marco institucional.

Apoyo gubernamental serio. Estados Unidos y Canadá ofrecen a sus agricultores programas de financiamiento, seguros y coberturas de precios que crean condiciones desiguales en el marco del T-MEC frente al productor mexicano. El campo mexicano no compite con el estadounidense en precio: compite con el subsidio estadounidense. Eso es una decisión de política pública, no un destino.

Nada de esto es ciencia ficción. Es ingeniería institucional aburrida y aplicada.

El campo no es sólo el campo

Vale la pena nombrar la pieza que conecta lo económico con lo cultural: si arreglar el campo se piensa sólo como un proyecto rural, se va a perder. Tiene que pensarse como un proyecto de espina dorsal de la sociedad mexicana, porque eso es lo que es.

México tiene 4.06 millones de unidades productivas pequeñas, una pobreza rural que afecta al 48.8% de la población rural (15.5 millones de personas), y una contribución del sector primario al PIB de alrededor de 3.3%. El número del PIB es engañoso. El campo es donde se produce la comida que la ciudad consume, donde vive una de cada cinco personas del país, donde se gestan los procesos migratorios que impactan la economía nacional. Si el campo colapsa, lo que llega a los pasillos del supermercado en CDMX no llega a través de cooperativas mexicanas: llega importado, vulnerable al peso, al T-MEC, al humor político de quien sea presidente al norte.

La frase del paro nacional, sin maíz no hay país, no es una metáfora ni nostalgia ranchera. Es una descripción operacional. El precio del maíz cayó entre 30 y 50% mientras los costos de producción subieron casi 50% en cinco años; la rentabilidad nacional pasó de más del 50% en 2022 a 12% en 2025, y se proyecta que en 2026 el precio del grano siga disminuyendo. Un país que importa 25.8 millones de toneladas de maíz al año mientras desincentiva a sus propios productores no es soberano en su mesa. Y la mesa, a la larga, es donde se decide la estabilidad política.

Lo que un Pulse puede revelar aquí

Una persona razonable, mirando los mismos datos, puede llegar a cuatro diagnósticos distintos sobre cuál es el cuello de botella prioritario del campo mexicano. Los cuatro tienen defensores serios. Ninguno se resuelve sólo con más datos.

Uno: el problema es la cadena de intermediarios. Sin precio justo al productor, nada de lo demás aguanta. Hay que construir cooperativas y cadenas cortas hasta dejar al coyote sin función económica.

Dos: el problema es el suelo y el agua. Si no se restaura la base biofísica, en quince años no habrá nada que vender a ningún precio. La transición agroecológica es la única estrategia sostenible.

Tres: el problema es la política pública. Precios de garantía serios, seguro agrícola universal, financiamiento accesible, asistencia técnica que llegue al 95% que hoy no la recibe. Sin Estado activo, el resto se evapora.

Cuatro: el problema es la seguridad rural. Mientras el crimen organizado cobre derecho de piso, mientras se abandonen tierras por extorsión, mientras los caminos no sean transitables, ningún otro programa aguanta. Sin orden, no hay campo.

Las cuatro lecturas son defendibles. La pregunta interesante no es cuál gana en votos: es cuál gana en confianza. Si la mayoría vota "coyote" con confianza promedio de 6 y una minoría vota "seguridad" con confianza promedio de 9, eso significa algo distinto a un empate técnico. La distribución de la convicción es el dato. Y la pregunta abierta, la que esta nota no pretende contestar, es si el campo mexicano se arregla atacando un cuello de botella a la vez en el orden correcto, o si los cuatro problemas están tan entrelazados que sólo se mueven juntos. Esa es una pregunta empírica que la opinión calibrada de la comunidad puede ayudar a iluminar mejor que cualquier columna de opinión.

Mientras tanto, en Puebla, alguien sigue aceptando 2 pesos por kilo de cebolla. Y en el supermercado de Polanco la misma cebolla está a 28. Esa diferencia no es destino. Es decisión institucional, tomada y vuelta a tomar todos los días.