Los 74 millones que no contestaron Subtítulo: México apaga sus primeros teléfonos esta semana. La mitad del país no registró su línea, y ese silencio es el dato más interesante de todos.

La mitad de México no lo hizo

Al 15 de agosto, la CRT reportaba 71 millones 183 mil 965 líneas vinculadas. Suena a mucho. Es menos de la mitad.

De acuerdo con los datos del propio regulador, en el país hay alrededor de 144.6 millones de líneas. Eso deja poco más de 74 millones sin registrar, después de meses de campaña, de mensajes de texto de las operadoras, de una prórroga completa y de la advertencia explícita de que quien no lo hiciera perdería el servicio.

Vale la pena detenerse en el denominador, porque ni siquiera eso es pacífico. La consultora The Competitiveness Intelligence Unit contabilizó 157.1 millones de líneas móviles activas al cierre del segundo trimestre de 2026, una cifra que incluye a los más de 170 operadores móviles virtuales que operan en México. Con el universo de la CRT, el avance ronda el 49 por ciento. Con el de The CIU, ronda el 45. La misma consultora reportó que el mercado perdió 4.9 millones de líneas activas en lo que va del año, y atribuyó parte de esa caída al propio cumplimiento del registro.

Es decir: no solo no sabemos exactamente qué porcentaje del país ha cumplido. Tampoco tenemos un acuerdo sobre cuál es el país.

Lo que sí sabemos es que la cifra que falta es enorme y que no se explica sola. Setenta y cuatro millones de líneas no se quedan sin registrar por pereza colectiva.

Ya pasó dos veces

En febrero de 2009 se publicó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el RENAUT. La promesa era combatir la extorsión telefónica. Millones de personas registraron su línea. En 2012 el registro fue derogado, después de que su base de datos fuera vulnerada. El entonces INAI ordenó destruir sus 98 millones de registros.

En 2021 llegó el segundo intento, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este era más ambicioso: además de los datos personales, exigía datos biométricos. En abril de 2022 la Suprema Corte lo declaró inconstitucional con nueve votos, al considerar que imponía una afectación a la privacidad y a la protección de datos personales que no resultaba razonable ni justificada.

En la discusión de ese fallo quedó registrada una observación que sigue siendo el argumento más incómodo contra este tipo de padrones: las extorsiones no suelen cometerse desde teléfonos que están a nombre del extorsionador.

El esquema vigente en 2026 es distinto de los dos anteriores y conviene decirlo con precisión, porque circula desinformación al respecto. No pide datos biométricos. No crea, según la autoridad, una base de datos única en manos del gobierno: son las compañías las que asocian nombre y CURP al número, y las autoridades pueden solicitar esa información cuando se comete un delito, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. La Suprema Corte no ha invalidado este esquema. Quien afirme lo contrario está confundiendo dos cosas distintas.

Pero sigue siendo el tercer intento en 17 años de responder a la misma pregunta con la misma herramienta.

Lo que dice la evidencia internacional

La CRT plantea que con esta medida México deja de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a una práctica vigente en 166 países. El dato es correcto y es el mejor argumento a favor de la medida: el anonimato total en telefonía es hoy la excepción, no la norma.

El problema es que la norma no ha demostrado funcionar.

La GSMA, la asociación mundial de operadores móviles, revisó las políticas de registro obligatorio de SIM en 2013 y volvió a hacerlo en 2016. En ambas ocasiones llegó a la misma conclusión: no existe evidencia empírica de que el registro obligatorio conduzca directamente a una reducción del delito. Los gobiernos, señala el mismo documento, lo perciben como disuasivo aunque no puedan demostrarlo.

Privacy International documentó efectos secundarios en varios países. En Pakistán, la exigencia de registro produjo un mercado negro de chips no registrados y un aumento del fraude de identidad. La lógica del desvío es sencilla: quien quiere delinquir consigue una línea a nombre de otra persona, y quien queda perfectamente registrado es el ciudadano que cumple.

Y aquí viene el dato que México suele omitir de su propia historia: en la literatura internacional sobre el tema, México aparece citado como el único país que derogó su registro obligatorio tras evaluar que no había ayudado a la prevención, investigación ni persecución de los delitos asociados. No es una opinión de activistas. Es el motivo documentado por el cual el RENAUT dejó de existir.

Esto no convierte la medida actual en indefendible. El argumento serio a favor no es que prevenga el delito, sino que mejore la capacidad de investigarlo después. Es un argumento legítimo. Pero es un argumento distinto del que se está usando públicamente, y merece evaluarse con los indicadores que le corresponden.

Lo que cambió esta vez, y casi nadie ha notado

Hay una diferencia estructural entre este intento y los dos anteriores que no tiene que ver con la tecnología.

El RENAUT fue frenado, y sus datos destruidos, por instrucción del INAI. El PANAUT fue combatido ante la Suprema Corte mediante una acción de inconstitucionalidad promovida, entre otros, por el INAI.

El INAI ya no existe. La reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024 extinguió siete organismos autónomos, incluido el instituto de transparencia y protección de datos. Desde el 20 de marzo de 2025, la protección de datos personales corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y el acceso a la información a Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de esa misma Secretaría.

Esto no significa que la protección de datos haya desaparecido. Las leyes existen, los derechos ARCO existen, hay autoridades garantes designadas y sanciones previstas. Significa que la ruta cambió, que la figura que ejerció esa función en los dos episodios anteriores era un organismo autónomo y hoy la ejerce una dependencia del Ejecutivo, y que la mayoría de los ciudadanos a los que se les pide entregar su CURP no sabría decir a quién acudir si esa información termina donde no debe.

Y la pregunta de qué pasa si termina donde no debe no es hipotética.

En mayo de 2026 se reportó públicamente la exposición de información de beneficiarios de programas sociales federales, con archivos que incluirían CURP, RFC, nombres completos, domicilios y escaneos de credenciales de elector por ambos lados. Las autoridades reconocieron un ingreso no autorizado mediante credenciales comprometidas, relacionado con comités escolares de un programa específico, y negaron que se tratara de un hackeo a las bases de los Programas del Bienestar. En julio de 2026 se reportó la exposición de cerca de un millón de registros de sistemas del gobierno de Sinaloa, de los cuales alrededor de 817 mil corresponderían al padrón de contribuyentes de la Hacienda Municipal de Culiacán.

Un ciudadano razonable, al que se le pide vincular su identidad a su teléfono bajo amenaza de quedarse incomunicado, puede mirar ese historial y llegar a una conclusión perfectamente racional sin ser un opositor de nada.

El silencio también es un dato

Aquí está el punto que nos interesa.

Setenta y cuatro millones de líneas sin registrar se están leyendo como un problema de logística. Como saturación de canales, como falta de difusión, como gente que lo va a hacer al final. Todo eso probablemente explica una parte.

Pero nadie ha preguntado. No hay un instrumento público que distinga entre las tres explicaciones posibles: la persona que no sabía, la persona que no ha podido, y la persona que decidió no hacerlo. Son tres países distintos, requieren tres respuestas distintas de política pública, y hoy están agregados en una sola cifra de incumplimiento.

Esa distinción no la resuelve una encuesta de sí o no. La resuelve una medición que capture, además de la respuesta, qué tan convencida está la persona de su respuesta. Una postura sostenida con certeza de 9 es información distinta de la misma postura sostenida con certeza de 3, aunque en una gráfica de barras se vean idénticas.

Lo hemos visto en nuestras propias mediciones. En Miguel Hidalgo, seguridad ganó el Pulse con 60 por ciento de las respuestas y una certeza promedio de 9.3 sobre 10. Movilidad quedó en 24 por ciento con certeza de 7.3. Y hubo temas que la gente eligió con certeza tan baja que, honestamente, la lectura correcta no era "esto importa poco" sino "sobre esto la gente no tiene una opinión formada, y quien decida presupuesto con base en ese número se va a equivocar".

Lo que se puede pedir, que sí es alcanzable

La crítica sin salida es ruido. Entonces la salida.

La medida ya está en marcha, tiene fundamento legal vigente y no ha sido invalidada. Discutir si debió existir es interesante pero llega tarde. Lo que sí está abierto es cómo se evalúa.

Proponemos algo específico y de costo bajo: una cláusula de evaluación pública trimestral. Que la autoridad publique, cada tres meses y en formato abierto, cuatro cifras.

Primera, cuántas carpetas de investigación por extorsión o fraude telefónico solicitaron información del registro. Segunda, en cuántas de esas la información solicitada permitió identificar a una persona. Tercera, la evolución de la incidencia de extorsión comparada entre entidades con mayor y menor avance de vinculación. Cuarta, el número de incidentes de acceso no autorizado a datos de titulares reportados por operadores, con su resolución.

Ninguna de esas cuatro cifras compromete una investigación en curso. Ninguna revela datos personales. Todas existen ya en algún sistema. Y juntas convierten una medida de fe en una medida evaluable.

Si las cifras salen bien, la política gana legitimidad y probablemente cumplimiento, que es exactamente lo que hoy le falta. Si salen mal, el país se entera antes de 2033 y no repite el ciclo por cuarta vez.

Lo que vamos a hacer nosotros

Nosotros no publicamos datos de nuestros usuarios y no vendemos perfiles. Nuestra medición es de posturas, no de personas.

Del 18 de agosto al 14 de septiembre abrimos un Pulse sobre esta pregunta. Cuatro opciones, todas defendibles, y una escala de certeza del 1 al 10. Los resultados se publican íntegros el 15 de septiembre, sin importar qué digan, y sin patrocinador asociado.

El 15 de septiembre, por coincidencia del calendario, es también la fecha límite de las líneas terminadas en 2.

Nos parece un buen día para que el país sepa qué piensa de esto.